El titular del derecho a la información es el ciudadano; la información le pertenece. La libre expresión de ideas y pensamiento es un derecho fundamental que ha de ser garantizado por el Estado. Si una página web puede ser cerrada por una comisión, no hay garantía judicial; se mire por donde se mire. Esta ley anula la necesidad de intervención de la justicia para la defensa de un derecho fundamental: el de la libre discursión y expresión de ideas. Y lo hace explicando que esta norma, la ley Sinde, no es más que la firme defensa de los derechos de autor y de los derechos económicos que sobre la propiedad intelectual tiene dicho autor; se supone que esta ley es su garantía.
Es evidente que los derechos sobre la propiedad intelectual han de ser defendidos y protegidos, pero no lo puede hacer usted con una ley que suponga el atropello de otro derecho fundamental. La información pertenece al ciudadano. La ley Sinde da pie a que la libertad de expresión pueda ser coartada. No digo que la coarte en esencia, pues no es ese su fin, pero abre puertas, posibilidades a esa limitación en el ejercicio de la libre expresión de ideas, y bien puede dar lugar a situaciones de censura lamentables. Tienen ustedes la obligación de legislar para la protección de derechos, y si defender un derecho supone la posibilidad de pisar otro, o de suplantar un derecho en detrimento de otro, se deberá revisar seria y concienciadamente lo que se propone. Hay derechos fundamentales que no pueden ser ni tan siquiera mínimamente maleados; ha de ser así em este caso si no quiere convertirse y convertirnos en un país gobernado por una especie de Gran Hermano.
No estoy de acuerdo con que esta ley sea sólo una defensa de los derechos que tiene todo autor sobre su obra; no es sólo esa defensa de la propiedad intelectual y sus derechos lo que se pone en juego. Creo que con ella se abre una puerta al control de lo que se expresa, circula y difunde. Sin unas garantías judiciales explícitas, se puede coartar perfectamente la libertad de expresión de una manera muy lamentable. No creo que esta norma defienda y proteja ese derecho a la información que hoy más que nunca sustenta un ciudadano, más bien lo pone en una situación de vulnerabilidad.
En periodos anteriores de la historia, el ciudadano tenía por imposible poder ejercer ese derecho, eran inaccesibles la edición y la difusión de ideas. Si no disponías de un montante económico considerable, tu única opción era la de dar rienda suelta a tu pensamiento en la sección de cartas al director como mucho. De tal modo se veía esa incapacidad para ejercer la titularidad del derecho, de ejercerlo, que siempre se entendió como un derecho delegado; el derecho a la información se delegaba en los medios. Los medios eran titulares de un derecho que pertenecer, pertenecía al pueblo. Así podría ser posible su ejercicio, la libertad de expresión y la difusión de ideas. La información como un derecho "delegado en" los medios pero que pertenecer, pertenece al ciudadano.
Hoy la información pertenece al público. Hoy internet hace posible la edición de las propias ideas, también su difusión. Hoy el contenido es libre. Pero estamos empeñados en poner puertas al campo. Y no, señora Ministra, no me convence su entrevista. La información pertenece al público, y hoy internet, lo ha hecho posible sin intermediarios. Internet soy yo. Internet eres tú. Y creo que esta ley necesita ser revisada y enmendada muy profundamente si no quiere ser el ejercicio del derecho que tienen unos pocos sobre el ejercicio de libertad que pertenece a toda la ciudadanía.
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